El adolescente fue ultimado el 9 de noviembre en un restaurante en la zona costera de Tulum.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el presunto victimario recibió 5 MIL PESOS por EJECUTAR AL MENOR, una cifra que evidencia la forma en que estas organizaciones reclutan y utilizan a adolescentes para actividades ilícitas.

Joel llegó a Tulum a finales de octubre pasado, acompañado de un primo, luego de recibir la promesa de un trabajo como AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN.

Sin embargo, pocos días después dejó de comunicarse con su familia, lo que llevó a que fuera REPORTADO COMO DESAPARECIDO.

La ALERTA AMBER fue activada el 19 de noviembre, sin saber que el joven ya había sido asesinado días antes.

En un inicio no había datos que permitieran identificarlo. La necropsia confirmó que recibió tres impactos calibre 9 mm, uno de ellos en el TÓRAX, lo que OCASIONÓ UNA HEMORRAGIA MASIVA que resultó fatal.

Las investigaciones llevaron a la detención de JUAN CARLOS “N”, de NACIONALIDAD COLOMBIANA, y PEDRO ANTONIO “N”, alias “El 38”. Según la Fiscalía, Juan Carlos fue quien disparó contra Joel, mientras que Pedro Antonio habría participado como acompañante en distintos hechos delictivos.

Ambos fueron asegurados con dos armas cortas calibre 9 mm y un fusil .223, uno de los cuales coincidió balísticamente con el utilizado en el crimen.

La autoridad estatal detalló que el mismo sicario habría recibido 10 mil pesos por otra ejecución ocurrida el 30 de octubre en Akumal, donde murió un hombre identificado como Melchor.

Ese crimen también se encuentra vinculado al GRUPO con presencia en la región.

Respecto a versiones difundidas en redes sociales sobre supuestos reclutamientos de adolescentes yucatecos para obras en Tulum, la Fiscalía aclaró que NO EXISTEN MÁS CASOS ACTIVOS RELACIONADOS CON ESTA MODALIDAD.

Joel es el único menor identificado en esta situación, según la Fiscalía Quintanarroense.

La investigación continúa abierta para profundizar en el origen de las órdenes, la cadena de mando criminal y las actividades en las que el menor pudo haber sido obligado a participar antes de su muerte