Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a A.M.M.Y. por incumplir con la pensión alimenticia para su hijo menor de edad.
Tras la denuncia interpuesta, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria y la integración de la carpeta de investigación correspondiente, de la cual se desprende que el imputado y la denunciante estuvieron casados y de dicha unión procrearon un hijo de identidad reservada, pero se separaron y en 2012 el Juzgado de lo Familiar sentenció al encausado a pagar la cantidad de 200 pesos semanales por concepto de pensión alimenticia, misma que tenía que entregar en el domicilio de la querellante y que aumentaría conforme al incremento salarial mínimo vigente.
No obstante, desde octubre de 2013, sin motivo justificado, A.M.M.Y. dejó de cumplir con su deber de asistencia familiar, por lo que luego del largo tiempo transcurrido la afectada dio aviso a las autoridades sobre los hechos, lo que derivó en la causa penal 20/2022.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y expusieron los datos de prueba para solicitar se resolviera la situación legal del encausado, quien se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial estableció que la audiencia se reanude el próximo 25 de febrero.
Antes de dar por concluida la audiencia inicial, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de la prisión preventiva justificada como medida cautelar, misma que fue concedida por el Juez de Control y que estará vigente por todo el tiempo que dure el proceso judicial.
