El Consejero Jurídico, Gaspar Alemañy Ortiz acudió al Congreso del Estado para hacer entrega de la Iniciativa de Ley, propuesta del Gobernador Joaquín Díaz Mena, con la que se establece que las empresas de la entidad deberán contar con un número de personas con discapacidad que, al menos, represente el 1% de su plantilla laboral.
El Consejero Jurídico del Estado, Gaspar Daniel Alemañy Ortiz, acudió a la sede del Poder Legislativo para entregar la iniciativa de Ley que propone reformar la Constitución local en su artículo 87, mediante la creación de la fracción I bis. Esto tiene como objetivo impulsar políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en los sectores público y privado.
Esta iniciativa, propuesta del Gobernador Joaquín Díaz Mena, establece que las empresas de la entidad deberán contar con un número de personas con discapacidad que, al menos, represente el 1% de su plantilla, a fin de ampliar sus derechos laborales.
La propuesta fue recibida por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, Wilmer Manuel Monforte Marfil, acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del mismo organismo, Neyda Pat Dzul y del Secretario General del Poder Legislativo, Martín Chuc Pereira,
En su momento, Armando Chiquini Barahona, director general del Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado (IIPEDEY), destacó que esta iniciativa es un avance significativo para impulsar más acciones a favor de este sector en los próximos años. También estuvo presente Víctor Jesús Canché Cocom, en representación de la Secretaría de Bienestar.
Una vez que sea revisada, discutida y, en su caso aprobada, el Gobierno del Estado, a través de sus dependencias, deberá impulsar programas y estrategias para materializar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, ampliando así sus derechos laborales y otorgándoles la mayor jerarquía normativa posible en el ámbito estatal.
Asimismo, cabe señalar que la iniciativa propone reformar la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán para dar cumplimiento a esta política inclusiva desde la óptica fiscal. La modificación establece que las personas físicas o morales en la entidad deberán acreditar la incorporación de personas con discapacidad a su plantilla laboral para acceder a los estímulos fiscales correspondientes.
En consecuencia, el Ejecutivo estatal, en conjunto con la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY), emitirá un decreto anual en cada ejercicio fiscal para establecer los diversos estímulos fiscales que se otorgarán a las empresas locales que cumplan con lo establecido en la Ley de Hacienda local. Dichos estímulos serán otorgados por la autoridad fiscal de la entidad, con el fin de incentivar la participación del sector privado y fomentar el dinamismo de la actividad productiva.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad en Yucatán.
