La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva ronda de sanciones financieras contra la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, así como contra personas y empresas que, según el gobierno estadounidense, integran una red operativa y de lavado de dinero con base en Playas de Rosarito, Baja California.
Entre los señalados, la OFAC ubicó a la exalcaldesa morenista de Rosarito, Hilda Araceli Brown Figueredo, a quien atribuye presuntos nexos políticos con operadores del Cártel de Sinaloa para, presuntamente, influir en el gobierno municipal.
Actualmente, Araceli Brown es diputada federal por el Distrito 9 de Baja California, y pertenece a la bancada de Morena en la cámara baja.
También conocida como ‘La Mayiza’, esta es una facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco“, hijo del histórico capo del narcotráfico Ismael “El Mayo” Zambada García, actualmente preso en Estados Unidos.
La Mayiza y Los Chapitos, ambos escindidos del Cártel de Sinaloa, mantienen violentos enfrentamientos desde que, el año pasado, Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo, presuntamente tendió una trampa a El Mayo Zambada y lo entregó a las autoridades estadounidenses en El Paso, Texas.
Rosarito, “arteria clave” para el tráfico de drogas
La acción del Tesoro, informada tras una visita del subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera John K. Hurley a la frontera, designa a Los Mayos (la facción afín a Ismael “El Mayo” Zambada) y al líder de su brazo armado,
También se incluyó a la ‘lista negra’ del Tesoro a cinco personas y 15 empresas ligadas, según OFAC, a una red regional acusada de operar justo al sur de la frontera con Estados Unidos, así como a un presunto líder de una banda afiliada al Cártel de Sinaloa dedicada a la producción de fentanilo.
Por su cercanía con la frontera con California, el Departamento del Tesoro describe a Rosarito como “una arteria clave” para el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.
La oficina señala que, además del tráfico de sustancias sintéticas, Los Mayos participan en secuestros, extorsiones, lavado de dinero y corrupción en el gobierno local.
En palabras del subsecretario Hurley, citadas por el Tesoro: “El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera que continúa traficando narcóticos, blanqueando sus ganancias y corrompiendo a funcionarios locales”.
El comunicado agrega que “la medida de hoy […] demuestra la dedicación del Tesoro a la prioridad del presidente Trump de frenar las amenazas transfronterizas”, afirmaciones que enmarcan la justificación política y de seguridad nacional de la ofensiva financiera de Washington.
El “contubernio” político-criminal en Rosarito, según la OFAC
De acuerdo con el reporte de la OFAC, dos operadores vinculados al Cártel de Sinaloa en su facción de Los Mayos: Jesús González Lomelí, un empresario local, y Candelario Arcega Aguirre, descrito como “agente político”, habrían influido en el gobierno municipal de Rosarito “gracias a una estrecha relación personal con (Hilda Araceli) Brown”.
El Tesoro señala que González y Arcega habrían servido como intermediarios entre Brown y los hermanos Alfonso y René Arzate García (operadores previamente sancionados y vinculados a Los Mayos), con tres propósitos principales: recaudar pagos de extorsión a nombre de los Arzate; gestionar operaciones de la organización en la zona, y garantizar protección desde la Secretaría de Seguridad Pública municipal para las actividades delictivas.
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